Publicado: 17-11-2026
La repudiación o renuncia a una herencia no es una operación fiscalmente neutra. Aunque desde el punto de vista civil supone que el llamado a heredar manifiesta su voluntad de no adquirir la herencia, desde la perspectiva tributaria sus consecuencias dependen de cómo se realice la renuncia, de quién resulte beneficiario de la porción renunciada y, especialmente, de si el impuesto correspondiente a la herencia se encuentra o no prescrito.
La regulación específica se encuentra en el artículo 28 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD), que contempla tres situaciones diferentes:
- La repudiación o renuncia pura, simple y gratuita.
- La renuncia en favor de una persona determinada.
- La repudiación o renuncia realizada una vez prescrito el impuesto correspondiente a la herencia o legado.
Cada supuesto tiene un tratamiento tributario propio y puede determinar que la adquisición del beneficiario tribute por el concepto de Sucesiones o por el de Donaciones.
1. Repudiación o renuncia pura, simple y gratuita.
Este apartado regula el supuesto en el que el llamado a una herencia decide repudiarla de forma pura, simple y gratuita, sin designar a una persona concreta como destinataria de su parte.
En este caso, la porción repudiada se atribuye a quienes correspondan conforme a las reglas civiles de la sucesión, ya sea por sustitución, acrecimiento u otras disposiciones aplicables.
Los beneficiarios tributan por la adquisición de esa porción como una adquisición hereditaria, es decir, por el hecho imponible previsto en el artículo 3.1.a) LISD: la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.
La particularidad de este apartado reside en las reglas de determinación de la cuota tributaria. El legislador establece que debe aplicarse el coeficiente multiplicador correspondiente al patrimonio preexistente del beneficiario, pero, en cuanto al parentesco, se tomará en consideración el del renunciante cuando sea más favorable que el que correspondería al beneficiario.
Por tanto, el beneficiario no tributa como si recibiera una donación del renunciante, sino como adquirente de una porción hereditaria. La adquisición sigue teniendo su origen fiscal en la sucesión del causante.
2. Renuncia en favor de persona determinada.
Este apartado contempla una situación distinta: el llamado a heredar no se limita a repudiar la herencia, sino que manifiesta su voluntad de renunciar en favor de una persona concreta.
La diferencia es esencial. Ya no estamos ante una repudiación pura y simple, en la que la ley determina quién recibe la porción renunciada, sino ante una actuación dirigida a beneficiar a un destinatario determinado.
Desde el punto de vista civil, esta situación debe ponerse en relación con el artículo 1000.2 del Código Civil, que considera aceptada la herencia cuando el heredero renuncia a ella, aunque sea gratuitamente, en beneficio de uno o más de sus coherederos.
La consecuencia fiscal prevista en el artículo 28.2 LISD es la existencia de dos operaciones diferenciadas:
Primera operación: adquisición hereditaria del renunciante.
Se exige el Impuesto sobre Sucesiones al renunciante, puesto que la renuncia en favor de una persona determinada implica la aceptación de la herencia.
Segunda operación: cesión o donación a favor del beneficiario.
Además, debe liquidarse el impuesto correspondiente a la cesión o donación de la parte renunciada. La persona que recibe gratuitamente esa porción queda sujeta al Impuesto sobre Donaciones, conforme al artículo 3.1.b) LISD, que grava la adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e intervivos.
3. Renuncia realizada después de prescribir el impuesto.
Este apartado introduce una excepción relevante respecto de los dos supuestos anteriores. El legislador establece que, cuando la repudiación o renuncia se efectúa una vez prescrito el impuesto correspondiente a la herencia o legado, la operación debe recibir, a efectos fiscales, el tratamiento de una donación.
La finalidad de esta regla es evitar que, una vez prescrito el derecho de la Administración a liquidar el ISD, se realice una repudiación que permita atribuir la porción hereditaria a otra persona manteniendo el tratamiento propio de las adquisiciones mortis causa.
En este caso, aunque civilmente la operación siga siendo una repudiación hereditaria, fiscalmente se produce una calificación específica: la adquisición de la porción repudiada por el beneficiario se considera una adquisición gratuita intervivos.
Por ello, el beneficiario tributará por el hecho imponible previsto en el artículo 3.1.b) LISD, relativo a las adquisiciones de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e intervivos, y no por el artículo 3.1.a), correspondiente a las adquisiciones por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.
La diferencia entre ambos tratamientos afecta también al devengo del impuesto:
- En las adquisiciones hereditarias, el devengo se produce, como regla general, el día del fallecimiento del causante.
- En las adquisiciones gratuitas intervivos, el devengo se produce el día en que se cause o celebre el acto o contrato. En el supuesto de repudiación, será relevante la fecha en que se formalice la renuncia.
En consecuencia, el beneficiario tributará por Donaciones, aplicándose las reglas propias de este impuesto, y no las correspondientes a una adquisición hereditaria ordinaria.
- ¿Qué se entiende por prescripción del impuesto sucesorio?
Para aplicar el artículo 28.3 LISD es imprescindible determinar si el derecho de la Administración tributaria a liquidar el impuesto correspondiente a la herencia ha prescrito.
El artículo 66.a) de la Ley 58/2003, General Tributaria, establece que prescribe a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
Por su parte, el artículo 67.1 LGT regula el inicio del cómputo del plazo de prescripción. En el caso del Impuesto sobre Sucesiones, debe tenerse en cuenta el plazo reglamentario de presentación de la declaración o autoliquidación, que, como regla general, es de seis meses desde el fallecimiento del causante.
No obstante, el cómputo debe examinarse atendiendo a las circunstancias concretas del expediente, especialmente a la posible existencia de actuaciones interruptivas de la prescripción.
Por tanto, no basta con que hayan transcurrido cuatro años desde el fallecimiento. Es necesario comprobar que ha transcurrido íntegramente el plazo legal de prescripción sin que se haya producido una causa válida de interrupción.
La consecuencia es que el beneficiario de la porción repudiada tributa por Donaciones, al considerarse que su adquisición tiene su origen y causa fiscal en el acto de repudiación y no directamente en el fallecimiento del causante.
4. Conclusión
El artículo 28 LISD establece tres tratamientos fiscales diferenciados para la repudiación y renuncia a una herencia.
La primera cuestión que debe analizarse es si el heredero repudia pura y simplemente la herencia o si, por el contrario, renuncia en favor de una persona determinada. Esta distinción resulta esencial porque, en el primer supuesto, los beneficiarios tributan por Sucesiones, mientras que en el segundo puede producirse una doble tributación, Sucesiones para el renunciante y Donaciones para el beneficiario.
A ello se añade la regla especial del apartado tercero, que atribuye la consideración fiscal de donación a la repudiación o renuncia realizada después de prescrito el impuesto correspondiente a la herencia.
Por tanto, antes de formalizar una renuncia hereditaria resulta imprescindible comprobar tanto su configuración civil como su tratamiento tributario y, especialmente, si el derecho de la Administración a liquidar el impuesto sucesorio se encuentra prescrito. Una correcta calificación de la operación puede tener consecuencias importantes en la tributación de todos los interesados.
Si necesita asesoramiento sobre el tratamiento fiscal de la renuncia de la herencia, en Gentile Law contamos con un equipo de expertos dispuesto a analizar su caso y ofrecerle el asesoramiento necesario.
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