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Publicado: 26-05-2023El proyecto de ley que modifica la Ley General Tributaria para implementar diversas directivas europeas relacionadas con fiscalidad y cooperación tributaria fue aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados. Entre las modificaciones, se incluye un procedimiento novedoso que permitirá a los contribuyentes corregir sus declaraciones de impuestos de manera más rápida y eficiente en comparación con el sistema anteriormente vigente. En Gentile Law, te adelantamos de los puntos más importantes de esta nueva ley.
La nueva normativa establece que las compañías deben proporcionar su contabilidad de forma obligatoria, en las comprobaciones limitadas. Lo que refuerza el papel de la Administración tributaria en las comprobaciones limitadas. Esta medida se suma a otras disposiciones contempladas en la ley, con el objetivo de fortalecer el control y la transparencia en el ámbito fiscal.
El artículo 136 de la Ley General Tributaria, que trata sobre las comprobaciones limitadas, ha sido modificado para incluir cambios significativos. Hasta ahora, este artículo excluía específicamente la contabilidad mercantil como parte de la documentación que la Administración Tributaria podía solicitar, aunque se reconocía la posibilidad de que el contribuyente la proporcionara voluntariamente sin una solicitud previa. Sin embargo, con la nueva modificación se elimina dicha exclusión y se establece de manera expresa que las compañías deben aportar su contabilidad cuando la Administración Tributaria lo requiera, reforzando así la capacidad de la Administración para llevar a cabo las comprobaciones pertinentes.
En la transposición de la directiva comunitaria DAC 7 (sobre cooperación en el intercambio de información fiscal), se incluyen varios aspectos relevantes. Entre ellos se encuentran las inspecciones conjuntas a nivel europeo y la implementación de un nuevo marco para el intercambio de información sobre plataformas digitales, así como reglas de intercambio de información entre los países miembros de la OCDE.
En virtud de estas disposiciones, las plataformas digitales deberán registrarse en un censo específico y recopilar información relevante de sus vendedores. Esta información incluirá la identificación de los vendedores, los precios cobrados y los impuestos retenidos. Posteriormente, dicha información deberá ser proporcionada a la Agencia Tributaria en enero del año siguiente. Además, los datos recopilados serán intercambiados con los Estados donde los vendedores o arrendadores de bienes inmuebles tengan su residencia.
La ley también aborda el acceso de la Administración a la información sobre titularidades reales, lo que permite un mayor control y transparencia en la identificación de los beneficiarios finales de entidades y activos. Además, se establece una modificación en relación con el secreto profesional de los asesores fiscales. Estos asesores ya no estarán protegidos por el secreto profesional al momento de informar a otros intermediarios involucrados en mecanismos transfronterizos de planificación fiscal.
Gentile Law Equipo Fiscal